Obtuvo la Tarjeta de Residencia. Todavía Sigue Aterrorizada.

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LYNWOOD, Calif — Escondido en un trailer de la preparatoria Lynwood High — donde las gallinas del patio trasero cacarean a lo lejos — el salón de clases de Daniela Silva Álvarez cuenta una historia. Los globos terráqueos en despliegue y los mapas brillantes en las paredes hablan de una vida dividida entre dos países: Estados Unidos y México.

Una bandera LGBTQ+ cuelga cerca de un letrero que dice “Mx. Silva” — reflejando su uso de los pronombres she/they. Otro declara el salón como “un espacio seguro para inmigrantes”, la constante seguridad que ella anhelaba de niña, ya que conocía a pocas personas con su mismo estatus legal: sin papeles, indocumentada.

Hace diecinueve meses, en este mismo salón, Silva Álvarez recibió una llamada telefónica tan transformadora que recuerda el momento exacto en que llegó: 3:40 p.m.

“Su solicitud ha sido aprobada”, dijo su abogada de inmigración. “Su tarjeta de residencia está en el correo”.

La noticia dejó atónita a Silva Álvarez, que entonces tenía 25 años. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y no podía dejar de agradecer a su abogada. Llamó a todos los que conocía.

Después de viajar 1,900 millas desde una aldea rural en el centro de México hasta California sin estatus legal a los 7 años, habían obtenido la residencia permanente por primera vez.

“Estaba en shock, pero estaba muy feliz”, dijo.

Pero aprendería que una tarjeta de residencia, no le ponía fin al miedo.

Tres meses después de que Silva Álvarez recibiera la noticia, Donald Trump ganó las elecciones del 2024.

Su administración rápidamente comenzó a expandir la implementación de las leyes migratorias — incluso a detener a personas con estatus legal. Los titulares reavivaron los miedos que Silva Álvarez había llevado desde la infancia. Pero ahora está preocupada por ella misma, por sus estudiantes y por sus familias.

Sus propios familiares enfrentan obstáculos similares: Seis meses después de que Silva Álvarez aplicará, su hermana menor solicitó la tarjeta de residencia permanente pero un retraso en la tramitación de visas ha demorado el papeleo. Una demanda federal reciente sobre permisos de trabajo y protecciones contra la deportación para jóvenes inmigrantes ha aumentado la incertidumbre de quienes esperan.

Para Silva Álvarez, la tarjeta de residencia por sí sola no puede otorgar la liberación. La verdadera seguridad llegará cuando los miembros de su familia en ambos lados de la frontera disfruten de los mismos privilegios que ella ha tenido: cursar la educación superior, ganar un salario digno, viajar libremente y abogar por su comunidad. Obtener el estatus legal, entonces, no representó el final de un capítulo, sino un llamado a la acción para sus compañeros inmigrantes — uno que ha respondido combinando la enseñanza con la defensa de derechos y compartiendo su propia historia migratoria.

“Hay tantos conceptos erróneos sobre los inmigrantes indocumentados”, dijo, “que no pagamos impuestos, que somos una carga para el sistema, que nos beneficiamos de la asistencia pública. Nada de eso es cierto. Contribuimos muchísimo a este país, y solo queremos poder salir a caminar por la calle sin vivir con miedo”.

Creciendo en Reseda, un vecindario en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, Silva Álvarez se cuestionaba si podría construir una vida para sí misma en un país donde su estatus legal interfiere constantemente con sus ambiciones.

Ella pudo haber sido una niña pequeña al entrar al país, pero siempre supo que carecía de papeles. También sabía por qué ella y su hermana se fueron de México: el abuso físico y psicológico de su madre hacia ellas, según relata.

Sin saber qué pasaría si el tormento continuaba, un familiar preocupado trajo a las hermanas a Estados Unidos. Hoy, Silva Álvarez recuerda ese viaje “muy vívidamente” pero prefiere no contarlo.

“Fue algo realmente traumático para mí”, dijo. “Me tomó años de terapia poder siquiera contar esa historia sin llorar a mares, pero, sí, está grabada en mi mente”.

Una vez en el país, su estatus migratorio no pareció afectar su vida diaria. Pero eso cambió durante su adolescencia, cuando participaba en competencias de robótica de la preparatoria. Competir requería viajar tanto dentro como fuera de California. El familiar que las crió — cuya identidad se omite aquí debido a su estatus legal — se oponía a que Silva Álvarez hiciera muchos de estos viajes, preocupado de que pudiera ser detenida.

“No, no vas porque está demasiado cerca de la frontera”, le dijo sobre un viaje a San Diego. “Cuando tuve que ir a Kentucky, para tomar un avión, tuvimos una pelea enorme”, recordó Silva Álvarez. “Es ese miedo de ‘No puedes hacer eso. No tienes tus papeles’”.

En ese momento, todo en lo que Silva Álvarez podía pensar era en lo bien que se verían estas competencias en sus solicitudes universitarias. Consideraba a su familiar irrazonable y poco comprensivo, pero ahora, a los 27 años, reconoce que sus preocupaciones estaban justificadas. “No es hasta que creces que dices: ‘Vaya, mira su nivel de sacrificio’. Siempre estaré muy agradecida y lo admiro por su valentía y por todo lo que ha pasado”.

El ambiente de apoyo en su escuela dificultaba procesar las preocupaciones de su cuidador cuando era adolescente. Sus maestros sabían de su estatus legal, pero insistían: “Puedes hacer cualquier cosa que te propongas”.

Aún así, a veces se sentía diferente. En el duodécimo grado, vio cómo los consejeros escolares ayudaban a sus compañeros a solicitar ayuda financiera federal para asistir a universidades en todo el país. Silva Álvarez, excluida de la ayuda federal, tuvo que navegar sola el papeleo de la solicitud Dream Act de California (California Dream Act). Esta política ofrece asistencia financiera a estudiantes inmigrantes para que puedan asistir a escuelas dentro del estado. Terminó en la Universidad de California, Merced, matriculandose en el 2017.

Durante su primer año de universidad, el personal de la clínica de servicios legales de UC Merced la ayudó a solicitar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política que otorga a algunos jóvenes indocumentados permisos de trabajo y protección contra la deportación, pero que ha enfrentado continuos desafíos legales.

El frágil estatus de DACA inquietaba a Silva Álvarez. “Era ese miedo constante en el fondo de mi mente: Mañana, podría despertar y ya no tener el privilegio que es DACA. Aunque no estaba documentada, podía trabajar. Podía hacer tantas cosas que otros miembros de mi familia no podían”.

Lisette Sánchez, una psicóloga radicada en Long Beach, dijo que los miembros más privilegiados de las familias de estatus mixto a menudo cargan con el peso de esa experiencia. “A menudo se puede tener una especie de experiencia de culpa del sobreviviente”, dijo. “Como, yo tengo una red de seguridad, tengo algo de consuelo al tener esto, y estas personas que amo y me importan no lo tienen”.

Cuando Silva Álvarez renovó su DACA, consultó a una abogada que le sugirió solicitar el estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ, por sus siglas en inglés). Esta designación sirve a jóvenes indocumentados menores de 21 años que han sobrevivido al abuso, abandono o negligencia parental, haciendo que sea en su mejor interés permanecer en Estados Unidos. El estatus proporciona una vía para que se conviertan en residentes permanentes. Para obtenerlo, Silva Álvarez y su hermana testificaron ante un tribunal sobre el abuso infantil que sufrieron. Revivir el trauma de sus primeros años finalmente las hizo elegibles para la tarjeta de residencia.

Mientras se acercaba al estatus legal, Silva Álvarez encontró una comunidad de jóvenes indocumentados a través de United We Dream, una red dirigida por jóvenes que abogan por la justicia para los inmigrantes. A través del programa Verano de Sueños (Summer of Dreams) de la organización sin fines de lucro, aprendió sobre organización de base y movimientos de justicia social. La experiencia, dijo, la revitalizó. Hasta entonces, se cuestionaba si podría lograr sus sueños sin la tarjeta de residencia.

“Estaba realmente, realmente perdida”, dijo. “Sentía que todo mi arduo trabajo nunca iba a dar frutos, que cualquier oportunidad que creía tener se desvanecería”.

Con United We Dream, aprendió que incluso si nunca se convertía en residente permanente, un camino a seguir se materializaría. “Realmente solidificó esta idea: no llegué aquí sola. Hubo innumerables personas que me cuidaron, mis maestros, mi familia, extraños al azar”, dijo. “Espero ser esa misma persona para otros. Las puertas que se abrieron para mí no se abrieron solas”.

La puerta definitiva se abrió para Silva Álvarez cuando llegó su tarjeta de residencia. Ahora puede solicitar la ciudadanía en el 2029, pero recibir un estatus legal no ha aliviado todas sus ansiedades. Enseña economía e historia a estudiantes de educación especial en Lynwood, una ciudad de clase trabajadora a 14 millas al sureste de Los Ángeles, donde el 88 por ciento de la población es latina y muchos jóvenes provienen de hogares de inmigrantes. Mientras reflexiona sobre cómo la implementación de las leyes migratorias podría afectar a las familias de sus estudiantes, ve esa misma preocupación en sus propios familiares.

No anticipó el retraso que demoró la solicitud de tarjeta de residencia de su hermana. Al igual que Silva Álvarez, su hermana una vez tuvo DACA, pero la inscripción expiró mientras solicitaba la residencia permanente. Sin el permiso de trabajo que acompaña al estatus DACA, su hermana se gana la vida como técnica de uñas independiente.

“Si hubiéramos sabido que esto pasaría”, dijo Silva Álvarez, “ella habría pagado la tarifa de renovación de DACA y al menos hubiera tenido eso”.

El retraso en las visas es solo un obstáculo. La administración Trump ha buscado bloquear que los jóvenes con peticiones SIJS aprobadas reciban permisos de trabajo y protecciones contra la deportación mientras esperan las tarjetas de residencia — aunque una demanda federal ha pausado parcialmente ese esfuerzo, dejando la política en un estado de incertidumbre.

“Para un joven, tener un sentido de permanencia es increíblemente importante”, dijo Jennifer Podkul, jefa de política global y abogacía de Kids in Need of Defense (KIND), que sirve a niños inmigrantes. “Estos son niños que sintieron que finalmente estaban fuera de ese limbo, y ahora podrían estar en riesgo de deportación nuevamente. Ha sido realmente no solo trastornar sus vidas, sino su existencia diaria en términos de anticipar lo que será su futuro”.

Sin embargo, muchos aún eligen aplicar. Rachel Prandini, abogada directora del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en San Francisco, explicó por qué: “Para algunas personas, este puede ser su único camino hacia un estatus migratorio seguro. Así que, aunque sea muy complicado, deciden proseguir de todos modos”.

Algunos de los familiares indocumentados de Silva Álvarez no tienen camino hacia un estatus legal. Estos familiares intentan no llamar la atención. Trabajan y, con suerte, regresan a casa. Silva Álvarez y su hermana comparten las ubicaciones de estos familiares en sus teléfonos y siguen redes de respuesta rápida que emiten alertas cuando agentes de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están cerca. Intenta no imaginar lo peor cuando no puede contactarlos.

“La ansiedad es permanente”, dijo. “Es preocuparse constantemente y tener miedo”.

En 2025, planeó un viaje a México. Habría sido su primera vez de regreso en dos décadas. Pero entonces empezó a escuchar historias acerca de portadores de tarjetas de residencia — personas sin antecedentes penales — siendo apartados y retenidos en aeropuertos.

Canceló.

Su hermana la animó a reconsiderarlo. “Vive a través de mí”, le dijo a Silva Álvarez. “Documenta todo”.

Incluso el cuidador que tan a menudo le había advertido que no tomara riesgos le insistió en que fuera. “Necesitas hacer este viaje”, dijo.

El pasado mes de noviembre, Silva Álvarez finalmente regresó a su lugar de nacimiento.

Una vez dentro del aeropuerto, su corazón se aceleró y comenzó a sudar. Repitió un mantra: Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.

Aun así, no pudo sofocar el pánico. “Sé que tengo mi tarjeta de residencia”, razonó. “Sé que soy maestra. Nunca me han arrestado. Nunca he hecho nada. Pero en el fondo de mi cabeza, pensaba: ‘¿Qué pasa si ocurre lo peor?’”

Le escribió mensajes de texto a su hermana todo el tiempo. Estoy bien. Pasé seguridad. Estoy por abordar. Salí del aeropuerto.

Cuando llegó a su pequeño pueblo natal, situado en las faldas de la Sierra de las Cruces, ya no era el mismo lugar del que huyó de niña. Cerca de Toluca, a unas 40 millas al oeste de la Ciudad de México, lo encontró más ruidoso, más pobre y más peligroso de lo que recordaba.

Se paró en la casa donde vivió durante sus primeros años. Visitó las tumbas de familiares perdidos por COVID-19 y la violencia sin sentido. Abrazó a los que aún viven — la prima que una vez consideró su mejor amiga y la abuela que no la había abrazado desde que se fue.

Y vio a su madre, la mujer a la que acusó de abuso en los tribunales. Hablaron largamente, permitiéndole compartir sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo.

“Finalmente pude hacer las paces con ella y con todo por lo que me hizo pasar”, dijo Silva Álvarez.

Sánchez, la psicóloga, señaló lo desorientador que puede ser el regreso a casa para una persona abusada. “Cuando regresas a un lugar donde ocurrió un trauma, puede traerte de vuelta a esa versión de ti mismo”, dijo. “Ella tenía siete años cuando se fue. Puede haber habido momentos en los que se sintió como esa niña de 7 años, congelada en el tiempo — tal vez cuando se trata de interacciones con su mamá, o sentirse impotente”.

Silva Álvarez sí experimentó momentos incómodos particularmente cuando su madre admitió que no se arrepentía de haberla perdido a otro país. Su vida en Estados Unidos, dijo su madre, habría sido imposible en México.

“Me dolió”, dijo Silva Álvarez. “Al final del día, soy tu hija. ¿Cómo puedes no arrepentirte de haberme entregado?”

Pero también lo entendió. Su madre tenía 17 años cuando la tuvo. No tenía apoyo. Era una menor criando hijos en un entorno plagado de pobreza y violencia.

“Si no hubiera hecho eso, no creo que yo siguiera viva”, dijo.

Ese pensamiento persistió mientras Silva Álvarez recorría el pueblo — los caminos rurales, las humildes casas y un cementerio lleno de familiares. Perduraba en la casa donde sus familiares comparten una habitación, sobreviviendo con los beneficios del Seguro Social de su abuela. Y se quedó con ella cuando supo que el hermano de 13 años que acababa de conocer había sido asaltado a punta de pistola un mes antes de su llegada. Su otro hermano, que tenía 3 años cuando ella se fue, lucha contra la adicción y ha entrado y salido de rehabilitación, dijo.

Silva Álvarez, mientras tanto, obtuvo una maestría en educación en el 2023. Ahora está cursando un doctorado en liderazgo educativo, con la esperanza de convertirse algún día en administradora escolar. En México, dijo, estos logros son “algo que no creo que hubiera podido hacer nunca”.

De vuelta en Lynwood, Silva Álvarez valora la oportunidad de desempeñar un papel que una vez temió que se le escaparía sin papeles: maestra.

En Lynwood High, donde ha enseñado a tiempo completo desde el 2023, su enfoque en la educación ha sido reconocido más allá del aula. El pasado mes de octubre, Teach Plus California la nombró becaria de políticas del 2025–26. La organización apoya a maestros que fomentan la equidad para los estudiantes y la seleccionó entre cientos de solicitantes por su capacidad para “combinar su pasión por la educación con su pasión por la abogacía”, dijo Bryan Monroy, gerente de políticas de Teach Plus California.“Ella realmente ha demostrado que irá más allá, asegurándose de que los estudiantes tengan los recursos que necesitan para tener éxito — no solo académicamente, sino en la vida”, dijo Monroy.

Mensajes de afirmación aparecen por todo su salón. “Confía en ti mismo, en el viaje que estás haciendo y en que las cosas mejorarán”, dice un letrero. Los estudiantes que necesitan un tiempo alejados del grupo pueden sentarse en un rincón de calma, completo con cojines suaves, una pequeña biblioteca y papel tapiz de nubes.

Silva Álvarez puede priorizar el aprendizaje social y emocional, pero no es una maestra permisiva. Sus estudiantes, recientemente en medio de un proyecto de investigación de mercado, se mantuvieron trabajando en el proyecto sin necesidad de que ella estuviera encima. Y cuando su atención se desviaba, incluso brevemente, los hacía volver a la tarea con el mismo filo que sus puntiagudas uñas de color aguamarina y sus botas de combate sin cordones.

El primer día de clases, cada año, habla de ser indocumentada. Revela esto a los estudiantes porque recuerda lo sola que se sintió durante el primer mandato de Trump cuando tenía su edad y carecía de estatus legal.

“Lo que están tratando de hacernos volver es a estar en las sombras”, dijo. “Pero hay mucho poder en nuestras identidades”.

Michelle Zaragoza, estudiante de doctorado en la Escuela de Bienestar Social de UC Berkeley que investiga el impacto de la política migratoria en los jóvenes, dijo que ese tipo de transparencia importa. “Compartir abiertamente brinda esperanza”, dijo. “Que alguien crea en tu futuro significa mucho”.

Cuando la aplicación de las leyes migratorias se intensificó, la asistencia disminuyó a medida que los padres inmigrantes temían enviar a sus hijos a la escuela. La precaución no es injustificada. Zaragoza señaló la decisión de la administración Trump de revocar la política federal de lugares sensibles, que restringía la implementación de la ley migratoria en escuelas, iglesias y hospitales.

“Esa fue una línea que trazamos”, dijo. “Esa protección se ha ido. Y vemos estas campañas militarizadas de implementación de la ley migratoria en los vecindarios. Es visceral, tangible, en tu cara. Es a un nivel de violencia sin precedentes”.

Para brindar a los estudiantes y sus familias una mayor sensación de seguridad, Silva Álvarez pidió permiso a su administración para dirigir sesiones de Conoce tus Derechos durante la jornada escolar. Los estudiantes se abren a ella — la maestra lo suficientemente joven como para ser una hermana mayor, con perforaciones en la nariz y reflejos pasteles en su cabello. Le han contado lo asustados que están por sus padres inmigrantes. Preguntan qué pasará si ICE viene al campus.

Después de asistir a una capacitación con un grupo comunitario formado en respuesta a las redadas, comenzó a ayudar a las familias a entender sus derechos y cómo proteger a sus hijos.

Monroy dijo que este tipo de abogacía es esencial para la enseñanza.

“Los estudiantes no pueden dejar sus vidas en la puerta”, dijo. “No dejan de ser quienes son cuando suena la campana. Si un maestro no asume la responsabilidad de asegurar que todas las partes de un estudiante se sientan seguras y vistas, ese estudiante no va a rendir académicamente a su máximo potencial”.

Los estudiantes de Silva Álvarez tienen un plan de educación individualizado que describe el apoyo al que tienen derecho — documentos a menudo densos y difíciles de entender para las familias.

“El lenguaje a veces es muy difícil de traducir, incluso para hablantes nativos”, dijo Monroy. “Algo que Daniela hace con sus estudiantes es practicar cómo desglosar ese documento usando diferentes herramientas de traducción para asegurarse de que los estudiantes puedan acceder a lo que dice para poder abogar por sí mismos”.

Silva Álvarez continúa organizándose con United We Dream, la organización juvenil de justicia para inmigrantes que le dio una comunidad cuando se sintió más perdida. Encuentra reconfortante mantenerse en contacto con personas que entienden la experiencia inmigrante.

“No creo que nadie quiera tanto a Estados Unidos como un inmigrante”, dijo. “Aún entendiendo que el sueño americano no siempre es lo que parece, yo realmente lo estoy viviendo”.

Mientras su hermana espera la tarjeta de residencia, intentan no detenerse en la ira — de que un litigio y un retraso puedan descarrilar el futuro de una joven, de que la política y el papeleo puedan negar estabilidad a niños que ya han sobrevivido al abuso.

“Tengo que mantenerme positiva”, dijo. “Tengo que ser el sistema de apoyo que mi hermana necesita”.

Mientras tanto, Silva Álvarez seguirá enseñando, organizando y rastreando las ubicaciones de sus familiares en su teléfono, mientras planea un futuro que espera que su hermana pueda compartir.

“Finalmente tuve la oportunidad de pararme en la casa donde crecí”, dijo sobre México. “Pude ver a familiares que no había visto en 20 años. Pude despedirme de mucha gente”.

Hizo una pausa.

“La próxima vez”, dijo, “iré con ella”.

Nancy E. Pérez ayudó a traducir este artículo al español. Se graduó de California State University, Northridge, con una licenciatura en español y espera obtener su maestría en español este año. Enseña español a estudiantes de secundaria en el Distrito Escolar de Los Ángeles.

Este artículo — producido por The Fault Line, un proyecto periodístico independiente de California — está disponible para su republicación gratuita. Para consultas sobre la republicación, por favor contáctenos.